Reto del módulo 1

La noticia que voy a comentar lleva por título «Una migrante sienta en el banquillo a la esclavitud del servicio doméstico en Líbano». Ha sido publicada por el diario El País el día en el que hemos empezado el curso. El enlace es el siguiente:

https://elpais.com/internacional/2022-02-14/una-migrante-sienta-en-el-banquillo-a-la-esclavitud-del-servicio-domestico-en-libano.html

Los hechos que pueden ser juzgados el 31 de marzo próximo se remontan a once años atrás (2011). Meseret Hailu, una migrante etíope en Líbano comienza a prestar sus servicios como -eso que en el ordenamiento jurídico español se denomina- empleada de hogar en el domicilio de May Saade, odontóloga de profesión. Tras poco más de un año trabajando normalmente, la empleadora dejó de pagarle el sueldo; le obligó a trabajar 15 horas diarias, sin vacaciones ni días libres; el resto del tiempo permanecía encerrada en una habitación; era golpeada e insultada; le cortaban el pelo a la fuerza; y le quitaron el pasaporte. Tras ocho años en esta situación, la presión de su familia y de la organización This is Lebanon para la defensa de las trabajadoras migrantes consiguieron la «liberación» de Meseret Hailu (2019). Una organización internacional, Legal Action Worldwide, en representación de Meseret Hailu ha conseguido que la querella contra la «empleadora» y la agencia de trabajo que la contrató haya prosperado y, tras algunos aplazamientos, pueda -esperémoslo así- celebrarse el juicio (2022).

La repercusión -que no deja ser por sí misma una anomalía- del caso nos revela la situación trágica de un amplio colectivo de mujeres migrantes en Líbano, procedentes en su mayor parte de Etiopía, Filipinas. Bangladés y Sri Lanka, que ha sido denunciada por Human Rights Watch. Abusos, esclavitud, torturas, violaciones, asesinatos, suicidios… parecen amparados en la desprotección legal de este colectivo y en la costumbre del «apadrinamiento» de estas trabajadoras por las personas empleadoras.

Estamos pues ante una situación clara de interseccionalidad en la discriminación de este colectivo: de género, de etnia, de nacionalidad, de edad, de situación económica y, muy probablemente, de religión. Racismo, patriarcado (no exclusivamente masculino por la costumbre del «apadrinamiento»), opresión de clase, analfabetismo, religión minoritaria (o no coincidente con las de las personas empleadoras), tez con variados grados de oscuridad. Una combinación de factores tal que conducen, además de (o más que) a una discriminación o una marginación social, a una serie de delitos y crímenes continuados, meditados, «costumbristas».

Adicionalmente, la noticia me ha suscitado otras reflexiones:

Líbano es un país que ha pasado de ser la Suiza de Oriente Próximo a un estado casi fallido. Cuando parecía que se recuperaba de quince años de guerra civil; del conflicto de Israel con las milicias de Hizbulá; la crisis de los refugiados de la guerra de Siria; la corrupción sistémica y crónica y las sucesivas crisis políticas derivadas de las explosiones en el puerto de Beirut en agosto de 2020, parecen haber conducido al país a un callejón sin salida. En ese contexto social, político y económico, que la justicia libanesa vaya a pronunciarse sobre un caso, por más sorprendentemente positivo que sea, no revela más que la anomalía a la que antes me refería.

Ese pronunciamiento será posible gracias a la extraordinaria labor de organizaciones civiles, sin las cuales no habría esperanza ninguna para este y otros muchos colectivos discriminados.

Todo lo anterior no existiría para nosotros si alguien no nos lo contara. Tiene nombre y apellidos, Trinidad Deiros Brionte, periodista de asuntos internacionales en diversos medios de comunicación. Últimamente en https://elpais.com/autor/trinidad-deiros-bronte/.

Salud-os.

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